Neonazis y ultraderechistas reciben subvenciones millonarias de la UE

La política de subvenciones a partidos políticos europeos y fundaciones relacionadas hace posible que el dinero llegue a organizaciones xenófobas, racistas o abiertamente neonazis. La Alianza por la Paz y la Libertad, formada por, entre otros, los nazis griegos de Amanecer Dorado, acaba de recibir 400.000€.

Miquel Ramos - Articulo publicado en LA MAREA 21 abril 2016

VERSIÓ EN CATALÀ PUBLICADA A LA DIRECTA



VALENCIA //  Si la gestión de la crisis de las personas refugiadas ya estaba dejando en evidencia a la Unión Europea en cuanto a sus principios fundacionales de respeto a los derechos humanos, igualdad y tolerancia, la presencia de numerosos diputados de extrema derecha en el Parlamento Europeo lleva años sacudiéndolos todavía más. A lo largo de estos últimos años, la presencia ultraderechista en Europa ha alcanzado los máximos niveles, copando multitud de asientos en la eurocámara (un 22%) gracias a sus discursos xenófobos y muy a menudo contrarios incluso a la propia Unión y a sus principios. Tanto es así que incluso usan su presupuesto para fomentar la xenofobia, el racismo, el antisemitismo y la islamofobia con todas las de la ley.

La histórica revista antifascista sueca EXPO ha desvelado que el destino de casi 200.000€ de una subvención de la Unión Europea es la fundación filonazi Europa Terra Nostra a través del partido neofascista europeo Alianza por la Paz y la Libertad (APF), del que forman parte los neonazis griegos de Amanecer Dorado, el Partido Nacional Democrático alemán (NPD) y la italiana Fuerza Nueva (FN).

Los partidos europeos (formados por un conglomerado de formaciones de diferentes Estados que también gozan de subvención) tienen una asignación presupuestaria anual además de la que llega a sus fundaciones. Así es como la APF ha recibido 400.000€ por un lado y, por otro, ha canalizado la subvención de los cerca de 200.000€ citados otorgados a la fundación Europa Terra Nostra dirigida por Dan Erikkson, antiguo miembro del extinto Partido de los Suecos (SVP), de clara orientación neonazi.

Esta fundación confirma en su página web el uso de los fondos de la UE para organizar una actividad el próximo verano en Estocolmo, sin especificar lugar exacto, con música, teatro y charlas, donde ya hay anunciados diversos conferenciantes relacionados con grupos neonazis. Es el caso de Magnus Söderman, ex militante de la organización nazi Motståndsrörelsen (Resistencia Nórdica), que se unió al SVP en 2012, o de Jonas De Geer, conocido activista ultraderechista que también acabó en el SVP.
Europa Terra Nostra tiene como objetivos, según explica en su página web, la “promoción de actividades educativas sobre democracia, economía, derechos humanos y relaciones internacionales”. La organización, que se fundó en Berlín en julio de 2015, defiende en su programa “una Europa de naciones soberanas” que trabajan juntas “para abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo y para honrar y promover nuestros valores cristianos compartidos y nuestro patrimonio cultural europeo”. Hasta aquí nada sospechoso. Sólo que la Europa que preconizan es monocromática. La nueva extrema derecha ha sabido moldear su retórica para decir de otra manera que en Europa sólo hay una manera de ser europeo, y que el mestizaje es una amenaza para conservar las identidades de cada pueblo. Así, se declaran “seguidores del derecho humano fundamental a una vida tranquila con un nivel de vida suficiente cada uno en su país de origen” rechazando “la inmigración masiva y el multiculturalismo”.

Según un informe del politólogo Thilo Janssen, experto en la actividad de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, los diferentes grupos de este espectro político a la derecha del Partido Popular Europeo, se habrían hecho con cerca de 19 millones de euros sólo entre 2012 y la primera mitad de 2014, sin incluir los sueldos y los gastos pagados que tienen todos los eurodiputados.
Además, los partidos registrados como “europeos” (formados por distintas formaciones de varios Estados, como es el caso de la APF), también pueden optar a financiación por parte de la UE. Entre 2010 y 2014, la extrema derecha accedió así a otros 10 millones de euros. La decisión de conceder financiación a un partido europeo está precedida de una evaluación realizada por un comité formado por el presidente de la cámara y un grupo de cuestores (cinco diputados que realizan tareas de organización interna del Europarlamento). En esta evaluación, sólo se examinan el programa y las actividades del partido a nivel europeo como tal. No se hace la evaluación de las partes constituyentes a nivel nacional ni de los políticos de diferentes Estados que forman parte de este partido, sino que únicamente se tiene en cuenta la actividad que realizan en conjunto como partido europeo y no la que realizan sus miembros en sus respectivos Estados.

Ya en 2014, la revista inglesa Hope Not Hate impulsó una campaña para pedir a la UE que no destinara fondos a partidos u organizaciones contrarias a los valores democráticos o que difundieran el odio y la discriminación hacía determinados colectivos, señalando directamente a la Alianza Europea de Movimientos Nacionales (AENM), del que formaban parte entonces los neonazis húngaros de Jobbik, los británicos del BNP y otros partidos abiertamente racistas.

La eurodiputada socialdemócrata sueca Marita Ulvskog ha explicado a la revista EXPO que se acordó parar las subvenciones a estos partidos “por al menos uno o dos años”, y que ahora ha comprobado cómo, tras conocer la noticia de este nuevo desembolso, “la cinta se rebobina de nuevo”. En este sentido, la misma revista EXPO ha preguntado al Parlamento Europeo qué diferencia hay entre la AENM y la APF, receptora ahora de 400.000€ . Casualmente, uno de los líderes de la ANEM, el británico Nick Griffin, es ahora miembro de la APF.

EXPO también ha preguntado si la UE conoce la propaganda que se difunde a través de los canales oficiales de los partidos a nivel europeo. Según la revista sueca, la APF difunde teorías conspirativas antisemitas y racistas, como la existencia de una supuesta “agenda judía” que contempla la reducción de la tasa de natalidad de los “niños blancos” y forzar una “guerra civil” en Europa a través de fomentar “la inmigración masiva”.

La eurodiputada valenciana de Izquierda Unida, Marina Albiol, se ha dirigido directamente al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, para preguntarle sobre la financiación a la APF y a la fundación filonazi Europa Terra Nostra. Albiol recuerda en su escrito que las organizaciones receptoras de estos fondos “deben contemplar los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y el Estado de derecho”, algo que no basta con declararlo, sino con llevarlo a cabo.

Sin respuesta ante los discursos de odio

Anteriormente, esta política ya había intercambiado algunas comunicaciones con el presidente pidiéndole mecanismos para evitar y penalizar los discursos de odio en la Eurocámara, una petición todavía sin respuesta. Así, Albiol pide ahora que se reconsidere esta decisión “y deje inmediatamente de financiar a organizaciones fascistas con dinero proveniente de todas y cada una de las europeas y europeos, incluyendo las personas perseguidas por estos grupos”. Si no, remata, “será responsable de darles no sólo cobertura económica, sino también política”.

“A pesar de las trabas burocráticas, políticas y de todo tipo, la presencia del nacionalismo en Europa irrumpe dentro de la Unión Europea como una mazazo a los intereses de los enemigos del pueblo europeo, viéndose impotentes ante nuestro avance”. Así describe el partido neonazi español Democracia Nacional (DN) en su página web el congreso de la APF realizado el pasado mes de noviembre en Bruselas. A éste acudieron representantes de todos los partidos que lo conforman: Amanecer Dorado (Grecia), NPD (Alemania), Forza Nuova (Italia), DSSS (Chequia), Danskernes Parti (Dinamarca) British Unity Party (Inglaterra) y Democracia Nacional representando a España.
La APF se creó a principios de 2015, y goza de pleno reconocimiento por parte de las instituciones de la Unión Europea. Su secretario es el ex líder del SVP sueco, Stefan Jacobson, a quien EXPO relaciona también con la fundación Europa Terra Nostra, donde han ido a parar varios de los miembros del extinto partido neonazi.

El presidente de la APF es un histórico militante neofascista italiano, Roberto Fiore (Forza Nuova), condenado en rebeldía por la justicia italiana en los años ’80 por su supuesta relación con el Núcleo Armado Revolucionario (NAR), organización terrorista neofascista responsable de varios atentados mortales entre las décadas de los 1970 y 1980. Tras el atentado contra la estación de trenes de Bolonia en agosto de 1980, donde fueron asesinadas 85 personas, Fiore huyó a Londres, aunque siempre negó tener relación con dicha masacre. En Inglaterra estableció contacto con otro de los actuales promotores de la APF, el británico Nick Griffin.

Además, el neofascista italiano compró a finales de los 1990, junto a otro conocido neofascista ya fallecido, Massimo Morsello, varios terrenos en Los Pedriches, un pequeño pueblo abandonado en el interior de la provincia de Valencia. Los neofascistas pretendían establecer allí un santuario ultra, un proyecto que nunca llegó a consumarse.

La llarga travessa pel reconeixement dels delictes d’odi

Les veus expertes adverteixen de la manca de protocols efectius per actuar contra aquest tipus de delictes i protegir les seves víctimes i reclamen una llei integral 

Miquel Ramos Publicat a la DIRECTA 23/02/2016

 

L’estiu de 2007, en un pioner i ja extint fòrum d’Internet espanyol de caràcter neonazi, es publicaren una sèrie de vídeos on dos homes toxicòmans eren objecte d’un seguit d’humiliacions per part d’un grup de joves al barri valencià de Campanar. Els proposaven menjar excrements i insectes a canvi d’un euro. Els membres del fòrum nazi comentaven, amb evident menyspreu, l’aspecte i l’estat de les víctimes i alguns inclús suggerien l’eutanàsia. Diferents organitzacions de drets humans van portar els vídeos a la policia, però ben aviat van desaparèixer de les xarxes socials i no es va saber res més dels autors ni de les víctimes.

Protesta d’Acció Popular davant les Corts valencianes 2011

El mateix mes, el centre social Ca Revolta havia estat atacat amb trets de perdigons una nit mentre era obert al públic. També el local de la Comissió Espanyola d’Ajut al Refugiat (CEAR) havia patit, en només un any, deu atemptats amb explosius. Alguns van tenir lloc mentre l’oficina estava oberta. Mesos abans, diverses seus del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) també van ser atacades. Un any després, va arribar el torn d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV).

Tots aquests atacs –i molts d’altres– van ser recollits en un dossier per la plataforma Acció Popular Contra la Impunitat (APCI), que va portar la denúncia a les Corts Valencianes, al Congrés espanyol i al Parlament Europeu. El delegat del govern espanyol a València en aquell moment era Ricardo Peralta, un excomunista aterrat al PSOE, qui va emmarcar els fets dins una suposada “normalitat democràtica”. Aquest polític va considerar fora de lloc aprovar una proposició no de llei a les Corts Valencianes per condemnar els atacs feixistes. La mesura va ser proposada pel BNV després que la seua comitiva hagués patit diverses agressions durant la processó cívica de la Diada del 9 d’Octubre de 2009. Mai ningú fou arrestat per cap dels fets relatats.
Anys de plom al País Valencià
La violència feixista ha esquitxat el País Valencià ininterrompudament des de la transició, sempre de manera impune. El repunt experimentat ara fa deu anys va posar en alerta les organitzacions que havien estat patint atacs cada vegada més violents, inclosa la tornada de les bombes. Malgrat la gravetat dels fets, les notícies sobre els atemptats rarament apareixien a la premsa estatal i sempre quedaven relegades en un àmbit domèstic.
Les pintades i els assalts contra llibreries i centres socials, els atacs a joves d’esquerres o els reiterats boicots a actes culturals mai no van acabar amb detencions, fins i tot quan els grups ultres coneguts els reivindicaven. Nombroses organitzacions afectades van decidir, en 2007, formar la plataforma APCI amb la intenció de visibilitzar la unitat davant la inacció i la indolència institucionals. També s’ha volgut reclamar la creació d’uns protocols específics en delictes d’odi, tal com ja han establert altres estats europeus des de fa anys.

Atemptat amb explosius a la seu del Bloc Nacionalista Valencià a Gandia el 2009/ APCI

Per altra banda, diverses entitats van decidir presentar-se com a acusació popular en el cas Panzer, una operació de la Guàrdia Civil contra l’organització neonazi Frente Antisistema (FAS) perpetrada l’any 2005 al País Valencià. Segons la Guàrdia Civil, aquest grup es dedicava a la venda d’armes i a fer caceres contra antifeixistes i persones migrants, entre altres delictes. Hi havia una vintena de neonazis valencians imputats en el cas, entre ells, l’assassí de Guillem Agulló, un regidor d’España 2000 i dos militars. Mesos abans del judici, celebrat nou anys després de l’operació policial, la Guàrdia Civil va destruir, “per error”, les armes confiscades, que eren proves fonamentals del procés.

La seu també havia estat atacada el 2005/ APCI

Tots acabarien absolts en 2015, després que l’Audiència Provincial de València invalidés les escoltes telefòniques fetes per la Guàrdia Civil. El Tribunal Suprem, a més, va ratificar l’absolució dels neonazis, que ja han demanat que se’ls tornen les armes i el material confiscat. La sentència també recull la condemna en costes a l’acusació, que ascendeix a quasi 42.000 euros. L’any 2005, la mateixa sala de l’Audiència Provincial de València ja havia absolt el grup neonazi Armagedon, al qual s’atribuïa l’incendi de diverses seus de partits polítics l’any 2000.
Inacció institucional
Toni Gisbert, secretari d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i un dels portaveus d’APCI, no deslliga els fets dels darrers anys dels coneguts casos de la transició espanyola. Les bombes contra Joan Fuster o Sanchis Guarner van ser casos que tampoc no es van resoldre. Tal com adverteixen els informes que aquesta plataforma publicava periòdicament, “els protagonistes (dels incidents) són grupuscles molt minoritaris i coneguts, però que gaudeixen d’una impunitat absoluta: rarament hi ha detencions i, quan es produeixen, molt estranyament acaben en judicis i, a més, el resultat sol ser l’absolució”.

ACPV ha estat un dels objectius favorits de l’extrema dreta des de fa anys i la llibreria Tres i Quatre (que actualment es troba a l’edifici d’aquesta associació al centre de València) té el rècord d’atacs de tot Europa. Gisbert afirma que “cap govern espanyol ni cap delegat del govern a València sembla mostrar la més mínima intenció d’abordar el problema de la continuïtat dels cossos policial i judicial amb el franquisme ni de les seues actuacions”. En aquest sentit, el portaveu d’Acció Popular Contra la Impunitat remarca la “particular incapacitat” de la policia “per descobrir mai cap autor de cap fet violent si l’autoria és feixista”.
Malgrat les intencions d’abordar els delictes d’odi manifestades pel govern valencià i el Ministeri de l’Interior espanyol, el portaveu de la plataforma afirma que la solució “no passa per declaracions retòriques”; que calen “plantejaments de decisió coparticipada que donin veu real a les entitats i les associacions que coneixem el problema i el combatem des de fa anys, dècades”. De fet, la plataforma que representa ha picat totes les portes per visibilitzar la violència i sempre s’ha trobat amb un mur institucional que fins i tot negava el problema. “Els poders reals no estan disposats ni a un veritable control democràtic dels aparells policial i judicial ni a la fi de la criminalització de determinats sectors”, remata Gisbert.

---------------------
ANÀLISI de Laia Serra
Més eines legals contra els delictes d’odi
El dret representa unes regles del joc que sorgeixen tant dels equilibris de poder com de l’evolució dels valors socials. A banda del contingut de les lleis, existeix una cultura jurídica que evoluciona juntament amb els canvis socials. Els anomenats drets de tercera generació i els nous delictes com els comesos envers les dones, el medi ambient o els animals en són un exemple.
Fins ara, els delictes d’odi han estat menystinguts pels professionals del dret. O bé no s’investigaven amb profunditat o es tramitaven com judicis per infraccions menors. Es concebien com una infracció que tan sols perjudicava la víctima directa, sense tenir en compte que també danyava tots els membres de la seva comunitat, llançant-los el missatge que podien ser agredits de nou en qualsevol moment i recordant-los la categoria inferior que –pels agressors– mereixen en la societat.
Els delictes d’odi són greus i perillosos perquè perjudiquen profundament la persona que els pateix –en negar-li la dignitat–, perquè posen en risc la convivència i perquè qüestionen els valors que fonamenten la nostra organització social: dignitat, igualtat i llibertat. A escala internacional i europea, els delictes d’odi han estat profundament estudiats i desenvolupats. Al llarg dels anys, l’Estat espanyol ha anat subscrivint els grans convenis internacionals sobre drets humans i està subjecte a les directrius que s’imposen en l’àmbit internacional i europeu i als paràmetres que dicta el Tribunal Europeu dels Drets Humans.
Malgrat aquests compromisos, les eines legals de què es disposa i el fet de comptar amb un Codi Penal que contempla diversos delictes específics, continua mancant la sensibilitat i la formació de policies, jutges, fiscals i advocats per perseguir-los amb eficàcia i desplegar una energia punitiva coherent amb la gravetat que representen.

*Laia Serra és advocada penalista

La judicatura i els cossos policials, a remolc de la intolerància

Des de l’any 2009, s’han creat una cinquantena de fiscalies especials per als delictes d’odi a tot l’Estat espanyol. La Policia Local de València rebrà una formació específica en aquesta matèria 

Miquel Ramos 23/02/2016

 

El pas institucional més important dels darrers anys per combatre aquesta xacra es va fer a Barcelona l’any 2009, amb la creació d’una fiscalia especialitzada en delictes d’odi. A Catalunya, el registre d’aquest tipus d’incidents es va començar a dur a terme l’any 2010. Hui dia, arreu de l’Estat, ja hi ha 50 fiscals que tracten aquests delictes, però els resultats encara estan molt lluny de ser satisfactoris. La manca de protocols efectius per registrar-los s’evidencia amb les xifres que aporta el Ministeri de l’Interior espanyol al respecte des de fa tan sols tres anys. Segons aquestes dades oficials, a l’Estat espanyol, es van registrar 1.285 delictes d’odi en 2014; al Regne Unit, la xifra arriba als 52.528 casos. A més, s’estima que la xifra coneguda és aproximadament un 10% de la real. En la majoria d’ocasions, aquest tipus d’incidents no es denuncien, sovint perquè ni tan sols la víctima és conscient d’haver patit un crim motivat per algun prejudici envers ella.

Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador de delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia de Barcelona / XAVIER RIUS

Tampoc existeixen programes d’atenció a les víctimes d’aquests delictes, tan sols l’ajut brindat per ONG. Aquesta és una de les principals reivindicacions, entre altres, del Moviment Contra la Intolerància, organització pionera en la recollida de dades sobre delictes d’odi a l’Estat i impulsora, en gran mesura, de la demanda de les fiscalies especialitzades i d’una llei integral de delictes d’odi. El seu president, Esteban Ibarra, considera que “les fiscalies no estan plenament actives, ja que no actuen d’ofici, tan sols esperen que els arribe una denúncia”. A més, “els distints cossos policials segueixen sense mostrar suficient sensibilitat davant aquest tipus d’incidents”, afirma.
Ibarra destaca l’escassa implicació institucional en la lluita contra els delictes d’odi: “Calen menys gestos, més política i mesures concretes; entre altres, l’aplicació decidida de la llei contra el racisme, la violència i la intolerància a l’esport, especialment als fons ultres dels camps de futbol”, apunta a tall d’exemple.
Formació especial per la policia de València
El mes d’octubre passat, la regidora de protecció ciutadana de la ciutat de València, Sandra Gómez, va anunciar que la policia local de la ciutat rebrà una formació específica en matèria de delictes d’odi. Gómez explica que, fins ara, “els delictes d’odi s’havien invisibilitzat”. Ara, es treballarà conjuntament amb la fiscalia i amb les ONG i les entitats que treballen en aquest camp. “Pel nou Ajuntament, és una prioritat formar els agents en mesures preventives i amb capacitat de mediació per garantir la convivència en la diversitat”, afirma la regidora, que s’ha servit d’un pla especial de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) per implementar aquesta formació.

Abans, però, David Garfella, agent de la policia local de Silla (l’Horta), va decidir formar-se pel seu compte en la matèria, juntament amb Jacobo Domingo, un altre oficial de Picassent (l’Horta). Garfella explica que, l’any 2012, “l’extrema dreta havia aconseguit representació” i tenia certa força al seu poble (España 2000 va obtenir dos regidors). “Els incidents racistes i xenòfobs se succeïen sense cap tipus de resposta legal, almenys per part de la policia”, relata. Aquests dos agents van decidir crear el projecte Policia i Diversitat per conscienciar altres agents sobre aquest tipus de delictes, així com “visibilitzar tot allò que estava passant i, sobretot, importar bones pràctiques” que ja duien a terme altres cossos policials de l’Estat i d’altres països d’Europa.
“Trobàrem un gran buit institucional en la matèria”, explica Garfella. Per això, ara, a través de la seua xarxa, assessoren agents d’altres localitats que els ho demanen, sempre de manera gratuïta. Seguint aquest model, fan cursos de formació en matèria de delictes d’odi i treballen conjuntament amb ONG. “Hem hagut de mantenir-nos en l’anonimat fins fa ben poc. No estàvem ben vistos en alguns cossos policials...”, explica.

La petjada de l’odi als Països Catalans

Una investigació periodística denuncia que, els darrers 25 anys, hi ha hagut 31 crims d’odi al País Valencià i a Catalunya. Es desconeix el desenllaç judicial de més de la meitat d’aquests casos.

David Bou 22/02/2016

 

Els crims d’odi són aquells casos que acaben amb la mort de la víctima, la punta de l’iceberg dels centenars de delictes d’odi que es produeixen anualment a casa nostra. Els vuitanta-sis casos registrats des de 1990 a l’Estat espanyol han suposat la mort de vuitanta-vuit persones. Després de submergir-se a les hemeroteques dels mitjans de comunicació per resseguir el recorregut judicial dels casos, aquesta és la xifra que dóna el projecte Crimenes de odio, elaborat pel Grup d’Investigació sobre Crims d’Odi en col·laboració amb Movimiento Contra la Intolerancia, l’única entitat que durant el darrer quart de segle ha fet un recull sistemàtic de dades sobre aquesta temàtica mitjançant l’Informe Raxen.

/ANNA TORNER

Dels 31 crims comesos als Països Catalans, cinc van acabar amb condemna per assassinat, set amb condemna per homicidi, dos van acabar en absolució, un va ser arxivat i la resta, un total de setze, no se sap com es van resoldre. Per documentar aquest treball, s’ha prescindit de fonts policials i judicials amb l’objectiu de posar de manifest la manca de voluntat per part de les forces i els cossos de seguretat i de la judicatura a l’hora d’eradicar aquesta xacra. Quinze d’aquests casos van ser motivats per racisme i xenofòbia; quatre, per aporofòbia (odi a les persones sense llar); dos, per transfòbia; dos, per violència ultra al futbol; dos, per odi ideològic, i sis per intolerància criminal, calaix de sastre on s’inclouen els casos motivats pel menyspreu a la dignitat de les persones, els seus drets fonamentals i les seves diferents maneres de manifestar la condició humana.

Els casos de violència masclista no s’inclouen per la manca d’estadístiques i la impossibilitat de recollir tots els crims que han tingut lloc els darrers 25 anys

Els casos de violència masclista no s’inclouen per la manca d’estadístiques i la impossibilitat de recollir tots els crims dels darrers 25 anys. Tanmateix, el projecte remet a feminicidio.net, portal que recull tots els feminicidis a l’Estat espanyol des de fa un lustre, inclosos els no íntims i contra les treballadores sexuals; casos que, en cas que existissin dades per tot el període que abraça aquesta investigació, s’haurien d’incloure a la categoria de misogínia, definida com l’odi contra la dona per raó del seu gènere.
El projecte continua obert a aportacions davant l’evidència que existeixen més casos –fins ara silenciats– que s’haurien d’incloure, però que el pas dels anys ha condemnat a l’oblit.